En el Diario
Martes 6 Mayo 2025

Política

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Categoría: Política

En el 2018, la ciudad logró disminuir más de 29 mil toneladas de basura destinada a relleno sanitario con respecto al 2017, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad sigue mejorando en el tratamiento de los residuos. Durante 2018 se enviaron 29.2058,5 TN menos de desechos a CEAMSE en comparación con el 2017.
"Desde la Ciudad seguimos trabajando a diario para mejorar el sistema de higiene urbana y para seguir disminuyendo el envío de residuos que van al relleno sanitario. Multiplicamos las opciones que le ofrecemos a los vecinos para que tengan más facilidades para realizar la separación en origen", expresó Eduardo Macchiavelli, ministro de la cartera.
De acuerdo a los registros de CEAMSE, durante el 2017 la Ciudad envió a relleno 1.101.202,80TN, mientras que el 2018 se destinaron 1.071.944,20TN es decir 29.2058,5 TN menos.
El sistema de reciclado y tratamiento de residuos es, desde hace años, uno de los ejes centrales del gobierno porteño. Actualmente la Ciudad cuenta con casi 300 Puntos Verdes para que los vecinos acerquen sus reciclables. Además, desde 2015 funciona el Centro de Reciclaje ubicado en Villa Soldati, formado por cinco plantas de tratamiento.

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La Defensoría intimó a las empresas, el enre y los funcionarios responsables por el masivo apagón, la Defensoría porteña envío un oficio a las empresas Edesur y Edenor; al Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; y al Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) manifestando su profunda preocupación por el masivo corte de luz del día de ayer, que afectó a más de 145 mil domicilios.
Este apagón implica un grosero incumplimiento al contrato de concesión, así como también un grave menoscabo a miles de usuarios, tanto en los daños materiales que implica la pérdida de alimentos, la afectación del servicio de agua, las interrupciones de semáforos y servicios de trenes y subterráneos, que deben ser reparados.
Los cortes reiterados, prolongados y sucesivos representan un hostigamiento más que recibe el usuario en la prestación de un servicio público deficiente, con una pésima atención a sus reclamos e inquietudes y con tarifas excesivas y desproporcionadas. A ello se le suma un comportamiento temerario por parte de la empresa que se niega a pagar multas y resarcimientos firmes, presenta intimaciones amenazante y extorsivas a usuarios con demoras en el pago de facturas y realiza bajas del servicio en hogares donde habitan niños, ancianos, personas con discapacidad y personas gestantes.
Por este motivo, se les exhorta a las empresas y funcionarios a que:
A) Informen detalladamente zonas afectadas, indicando desperfectos que se produjeron, cómo se resolvieron, y tiempo que se demoró en restablecer el servicio en cada caso.
B) Indiquen si tienen diagnóstico sobre los errores que se cometieron en las medidas preventivas para evitar el apagón de fecha 22 de enero de 2019.
C) Brinden la información que disponga sobre medidas que las empresas distribuidoras del ámbito metropolitano adoptarán para evitar que se generen cortes masivos del servicio los días en que la temperatura supere los 30 grados.
D) Se abstengan de adoptar medidas tendientes a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios con aumentos en el servicio público de electricidad durante el año 2019 y los sucesivos periodos hasta tanto no acrediten mejoras en los niveles de calidad y eficiencia del servicio acorde a lo que dispone la Constitución Nacional, la ley 24065 y el Contrato de Concesión del Servicio.
E) Dicten las reglamentaciones necesarias para que las empresas distribuidoras de energía eléctrica se abstengan de realizar suspensiones del servicio por falta de pago, atento al delicado escenario social descripto.

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Lanzan la tercera encuesta nacional, la ausencia de datos oficiales impide una comprensión acabada de la difícil situación que vivimos cotidianamente los 8 millones de inquilinos de nuestro país. Por eso, desde la Federación de Inquilinos Nacional asumimos esa tarea como propia. Tras realizar dos encuestas masivas en enero y agosto del año pasado, estamos repitiendo la experiencia con el objetivo de conocer de qué manera se modificaron los resultados.
En esta oportunidad, nos interesa conocer –principalmente- qué porcentaje del salario se destina al pago del alquiler y las expensas, cuáles fueron los aumentos registrados en los últimos seis meses y la cantidad de familias que, por no poder asumir los pagos mensuales, se vieron obligadas a restituir las viviendas que alquilaban.
La iniciativa se inscribe dentro del impulso que la Federación está dando al tratamiento de la Ley Nacional de Alquileres que, tras perder estado parlamentario, será presentada nuevamente en el Congreso Nacional al retomarse las sesiones ordinarias.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional advirtió: "En enero del año pasado el porcentaje de un salario que se destinaba únicamente al pago del alquiler era del 41%, en agosto esa cifra ascendía al 45% y actualmente estamos por encima del 50%. Si seguimos con este ritmo de aumentos, producto de la falta de regulación, estaremos frente a una crisis habitacional muy grave".
La encuesta se puede contestar en menos de 60 segundos desde la página web: residentes.typeform.com/to/NV0bib?utm_campaign=3-encuesta-a-inquilinos&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

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Ordenan embargo y cuota mensual provisoria, enmarcado en un contexto de violencia de género, la justicia ordenó el pago de la multa máxima por incumplimiento de los deberes indispensables para la subsistencia de una niña y fijó una cuota alimentaria provisoria hasta el dictado de la sentencia.
El titular del juzgado n.º 10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Pablo Casas, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por una mujer contra su ex pareja quien no cubrió las necesidades básicas de la hija en común y calificó al accionar del denunciado en un contexto de violencia contra la mujer. Todo ello en el marco de la causa "(...) sobre 1 – Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar".
El magistrado consideró el artículo 5° de la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, el cual define a la violencia económica o patrimonial como "la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna". Asimismo, tuvo en cuenta el artículo 26 inciso b.5 que regula las medidas preventivas urgentes según las cuales "(...) En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia", en favor de la niña.
También fue relevante para hacer lugar al amparo que "la víctima directa de los hechos reúne la doble condición de mujer y de niña, lo que torna aplicable las previsiones del art. 18 de la convención del Derecho del Niño, que dispone el deber de los Estados de 'garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño (...) Su preocupación fundamental será el interés superior del niño'".
Por este motivo, Casas ordenó que "se trabe embargo sobre las remuneraciones que a futuro perciba el imputado"; y fijó para ello la multa máxima.-
Por Redacción iJudicial

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Para la defensoría, los aumentos en el transporte deben guardar relación con los incrementos salariales, la opinión surge del equipo de Transporte y Telecomunicaciones de la institución, en el marco del nuevo cuadro tarifario anunciado por el Gobierno nacional.
Ante el cronograma de aumentos de las tarifas de los servicios de transporte público de pasajeros, automotor, ferrocarril y subterráneo, recientemente anunciados por el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y el secretario de Transporte, Juan José Mendez, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa:
Según estimamos, el costo mensual del transporte público para marzo de 2019 alcanzará el 7,5% del salario mínimo, vital y móvil. Es importante señalar que en el año 2015 el mismo solo representaba el 3,2% del SMVM. Insistimos que los aumentos de los servicios públicos deben guardar relación con los incrementos salariales, especialmente en el presente contexto de retracción económica.
Entendemos que la prioridad del transporte público de pasajeros del área metropolitana no puede reducirse a la discusión de los costos. Es deber del Estado invertir en obras de infraestructura que mejoren la accesibilidad y la experiencia de viaje de los usuarios y usuarias.
Llamamos la atención sobre la falta de publicidad de los contratos de concesión que rigen la actividad del servicio público automotor de pasajeros metropolitano. Esta situación produce que usuarios y usuarias no cuenten con información fehaciente y oficial sobre la frecuencia exigible para cada ramal y línea.
Es inadmisible que servicios públicos como el que prestan ferrocarriles y colectivos metropolitanos, que transportan a ocho millones de usuarios y usuarias a diario, no estén sujetos al procedimiento de audiencia pública. Es necesario que la administración federal y local comprendan que las mismas son mecanismos necesarios para dar transparencia y legitimidad a los actos de gobierno. Las audiencias públicas debe ser un ámbito de participación y debate ciudadano considerado por las autoridades competentes y no un mero trámite formal.
El derecho a la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas y su experiencia cotidiana constituye una realidad única e indivisible que no reconoce distinciones interjurisdiccionales. Así como oportunamente propusimos y con posterioridad celebramos la implementación de la Red Sube, que significó un avance en relación a la integración multimodal, reiteramos la necesidad de que la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios transporte de pasajeros se realicen en el ámbito de una audiencia pública unificada que abarque y contemple todos los servicios de transporte del área metropolitana.

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Se incorporan a la libreta matrimonial derechos y garantías sobre igualdad de género, diversidad sexual y contra la violencia familiar.
Por iniciativa del Partido Socialista, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó en su última sesión ordinaria una ley que incorpora nuevos mandatos cívicos para las parejas que contraen enlace en el ámbito metropolitano, haciendo hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad sexual, la no violencia intrafamiliar y el reparto equitativo de quehaceres hogareños.
La iniciativa fue votada por casi todos los legisladores, excepto tres diputados de izquierda, y se trata de una modificación al artículo 1 de la ley 73 de la CABA, que refiere a la libreta de matrimonio civil. A los derechos que la Ciudad de Buenos Aires garantiza, se incorporan los siguientes textos:
- "La igualdad entre los géneros y el pleno respeto a la diversidad sexual".
- "El derecho de todas las personas a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género".
- "La eliminación de todas las formas de violencia por razones de género, entendiéndola como toda acción u omisión que basada en una relación desigual de poder entre los géneros, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecta la vida, libertad, dignidad, seguridad personal, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de quienes la padecen"
- "La protección integral y la reparación justa de las víctimas de violencia por razones de género que, en todas sus formas, es punible por la ley".
- "La promoción de las responsabilidades familiares compartidas".

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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires descubrió una placa por el 80º aniversario de la creación de la Catedral San Gregorio el Iluminador el martes 18 de diciembre, el legislador Daniel Presti, quien impulsó el proyecto, dijo que "Armenia tiene un pedacito de su país en Palermo". "Rememoro a principios del siglo XX cómo se ha buscado y congregado la comunidad armenia después del Holocausto armenio y cómo el país le fue abriendo las puertas a la comunidad, a las más de 150.000 personas con origen armenio", agregó Presti. "Quiero referirme a estas tormentas que hoy nosotros estamos atravesando y cómo juntos y unidos la comunidad armenia salió adelante. El mensaje es que nosotros avancemos para salir adelante en estas tormentas que estamos atravesando". Por último pidió "avanzar juntos en una mejor comunidad, hacerla más junta" y opinó que "la comunidad armenia es un ejemplo en este sentido".
Durante el acto del que participaron dirigentes comunitarios junto con Pamela Malewicz, subsecretaria Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, también tomó la palabra el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, quien agradeció la iniciativa. "Ochenta años son muchos años para las personas individualmente, pero si tenemos en cuenta una iglesia o una comunidad, especialmente nuestro pueblo que tiene 3.000 años de vida, parece poco", dijo Mouradian. "Pero es bastante para un pueblo que ha emigrado escapando del genocidio y llegando a estar tan lejos de su patria".
En los fundamentos de la resolución (210/2018), se explicó que "la historia de la comunidad armenia en nuestra ciudad comenzó en las primeras décadas del siglo XX. De acuerdo con el censo realizado en 1936, los armenios representaban entonces el 0.12% de la población de la ciudad y según un relevamiento informal publicado por el diario Armenia, entre 1941 y 1942 se estimaban 18.700 armenios en Buenos Aires y alrededores". Según el texto, "lo primero que hacían los armenios al llegar era construir una iglesia y un colegio, que los fines de semana se transformaban en lugares de encuentro para las familias. Actualmente sólo en la ciudad funcionan siete colegios armenios, en los que se imparten clases tanto en armenio como en español, cinco iglesias ortodoxas, clubes de fútbol como el 'Deportivo Armenio', teatros, asociaciones, medios de comunicación, etc.".

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Fueron creadas una agenda para difundir las actividades de los museos de la ciudad, y también una biblioteca de acceso gratuito mediante una plataforma virtual. El Cuerpo Parlamentario aprobó en la última sesión ordinaria la creación de la "Guía de Actividades en los Museos" con el fin de divulgar todas las actividades que se desarrollarán en los museos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los mismos dispondrán de dicha guía impresa, de distribución gratuita, en forma semestral y a través de los diferentes soportes tecnológicos para dispositivos móviles.
"Es necesario crear formas de acceso a la información cultural a fin de promover el patrimonio cultural que atesoran los diversos museos de nuestra ciudad. Además, es importante instrumentar formas que apunten a la divulgación aportando de un modo ágil y entretenido claves e información para abordar las muestras exhibidas", sostuvo en los fundamentos del proyecto la diputada Patricia Vischi (Ev).
Bibliotecas digitales
Por otra parte, fue creada por ley la Biblioteca Digital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual deberá permitir el acceso gratuito al patrimonio bibliográfico dependiente de la Ciudad a todos los ciudadanos mediante una plataforma virtual, compatible con todos los dispositivos electrónicos, con el objeto de promover y fomentar la lectura.
La Autoridad de Aplicación (Ministerio de Cultura) será la encargada del control y funcionamiento de la Biblioteca, que deberá incluir los libros que integran el acervo bibliográfico con categoría de patrimonio público de la CABA. Además, se deberá proveer a las bibliotecas dependientes del Gobierno de la Ciudad del equipamiento necesario que permita acceder a la parte digital, la cual deberá incluir adaptabilidad para personas no videntes.
"Las bibliotecas virtuales permiten centralizar y transmitir información al igual que incentivar y realzar el hábito de la lectura, para que cualquier ciudadano, independientemente de su localización y del horario que desee, pueda acceder a todo tipo de material bibliográfico digitalizado. En una sociedad con tiempos acotados y en la cual muchas veces dirigirse personalmente hacia un lugar físico para búsqueda de libros resulta difícil, son útiles este tipo de iniciativas. Además, éstas no poseen un alto costo de mantenimiento ya que una vez que el material se encuentra digitalizado, es elevado a la plataforma y actualizado permanentemente", argumentaron en los fundamentos del proyecto los diputados Marcelo Guouman, Juan Nosiglia, Patricia Vischi e Inés Gorbea (Ev).
Imagen: Vista de las bancas y el recinto durante la última sesión ordinaria 2018.

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Obliga al Gobierno a exhibir los guarismos de sus gastos y recursos de manera clara, comprensible para los vecinos y con acceso libre en forma material y digital. Con el voto de los bloques Vamos Juntos y Unidad Ciudadana, los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionaron en la última sesión, la ley de Transparencia Presupuestaria o también denominada Presupuesto Abierto, que obliga a informar con detalles y claridad a todos los vecinos sobre la administración de los recursos públicos y de sus gastos.
Se votó un despacho conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, que resumió los preceptos contenidos en dos proyectos: uno del oficialismo, presentado por el legislador Hernán Reyes (VJ) y otro de la bancada kirchnerista (UC).
"Todo ciudadano tiene derecho a conocer cualquier instancia del proceso de planificación y evaluación del presupuesto de la Ciudad. La presente Ley tiene por objeto garantizar el acceso de la ciudadanía a la información presupuestaria", dispone el artículo primero de la norma aprobada.
El Poder Ejecutivo deberá designar a la autoridad de aplicación que cumpla con este mandato legal, cuyos principios rectores son: transparencia, accesibilidad, participación y sencillez. Para eso, se ordena "disponer de información en lenguaje entendible para el común de la ciudadanía, acompañada con material gráfico y cuadros comparativos que permitan mayor comprensión de las definiciones en política pública".
"La información presupuestaria correspondiente deberá ser publicada en una misma sección o sitio web de manera entendible, ordenada y completa, conteniendo toda la información disponible para la consulta por parte de los ciudadanos con sus respectivos anexos", es otra de las consignas.
Serán de acceso público y deberán publicarse al menos los siguientes informes:
- Mensaje y proyecto de presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo.
- Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad sancionada por la Legislatura.
- Plan Plurianual de Inversiones.
- Presupuesto Consolidado del Sector Público.
- Informes trimestrales; de la Cuenta de Inversión; de Presupuesto Ciudadano, de la Auditoría General; indicador local de transparencia presupuestaria de la AG.
La información correspondiente deberá incluir al menos las siguientes categorías: gastos por carácter institucional; por clasificación económica (corriente y de capital); por jurisdicción, unidad ejecutora y programa; por organismo; por objeto; por finalidad y función; por ubicación geográfica; por origen del financiamiento; y recursos por tipo, clase, concepto, subconcepto y por jurisdicción.
Foto: Hernán Leyes, uno de los autores del proyecto y miembro informante.

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Construirán baños públicos en espacios verdes de la Ciudad, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el jueves 13 de diciembre durante la Sesión ordinaria la Ley que obliga al Poder Ejecutivo de la Ciudad a crear baños públicos en espacios verdes de más de tres hectáreas, por iniciativa de la presidenta del Bloque Peronista, María Rosa Muiños.
"Este es un gran avance para todos los porteños y porteñas que quieren disfrutar de los parques de la Ciudad y tienen grandes dificultades a la hora de poder acceder a un baño. Tanto ellos, como turistas y visitantes, van a poder disfrutar de la vida al aire libre y van a tener garantizado el acceso libre a baños públicos", consideró Muiños, acerca de la iniciativa presentada en co-autoría con el legislador de Vamos Juntos, Diego García de García Vilas.
"Las instalaciones deberán contar con sistema braille en su señalética y garantizar las condiciones de accesibilidad para aquellas personas con discapacidad y/o movilidad reducida", precisó la legisladora peronista.
Para la higiene y el confort de los usuarios, los baños deberán contar con módulos con inodoro, puertas con sus respectivas trabas de seguridad, que indiquen si está libre u ocupado, y gancho para ropa. En el área de lavabo se colocarán dos lavamanos, dosificador de jabón, porta-toallas de papel, basurero, espejo y cambiadores para niños, tanto en baños masculinos como femeninos, o bien en un área accesible para ambos sexos.
Por último, la Ley establece un horario de apertura y cierre, y la prohibición de la desfiguración de la perspectiva del paisaje o de perjuicios a la armonía paisajística o arquitectónica, a la preservación y protección de los edificios, conjuntos, entornos y paisajes.